El Gobierno de Argentina, que preside Javier Milei, prepara el mayor ejercicio militar “Daga Atlántica“ (Atlantic Dagger) con fuerzas de élite de Estados Unidos, previsto para el 6 abril de 2026. Este despliegue de fuerzas de operaciones especiales, el más ambicioso en 25 años, es considerado un alineamiento militar total con Washington.

Contará con la participación del poderío militar estadounidense Boinas Verdes, Navy SEALs, el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos (MARSOC) y el Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea (AFSOC).

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Estas unidades aportarán sistemas de alta tecnología C5ISR (Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberdefensa, Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento), así como equipamiento pesado como helicópteros Blackhawk y aeronaves de apoyo táctico.

El entrenamiento se centrará en contraterrorismo, rescate de rehenes y operaciones conjuntas en escenarios de alta intensidad, con sede inicial en Córdoba y posibles maniobras en Santa Cruz y Tierra del Fuego, reactivando la polémica por el control del Atlántico Sur.

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???? La administración del presidente argentino Javier Milei ha formalizado un nuevo crédito por 830 millones de dólares con el gobierno de los EE.UU. Este desembolso forma parte de acuerdos de… pic.twitter.com/EGAeNI2T3A

— teleSUR TV (@teleSURtv) February 3, 2026

La ejecución de “Daga Atlántica“ enfrenta cuestionamientos debido al mecanismo legal empleado por el Gobierno. Si bien la Constitución Nacional exige que el Congreso autorice el ingreso de tropas extranjeras (Art. 75, inc. 28), existe el temor de que se repita el esquema de 2025.

En aquel momento, Javier Milei utilizó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para avalar la “Operación Tridente“, antecedente que sugiere que el Ejecutivo podría volver a evitar el debate parlamentario.

Dicha norma facultó el ingreso de tropas estadounidenses para realizar maniobras entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, concentrando las actividades en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, así como en diversas áreas de instrucción marítimas y terrestres.

La acción del mandatario generó rechazo, no solo porque lo hizo sin el aval del Congreso Nacional, sino también por las implicaciones geopolíticas. La Administración de Milei justificó su decisión en una supuesta «naturaleza excepcional» de la situación que “hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes“.

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La firma del DNU, ocurrió a pocos días de conocerse que Donald Trump, ofreció al mandatario argentino un plan de apoyo financiero para enfrentar la crisis económica en la nación suramericana. El documento justificó la operación Tridente como un “recurso invaluable“ para potenciar las capacidades nacionales.

Actualmente, un nuevo movimiento como el de 2025, ignoraría los reclamos de legisladores y gobernadores patagónicos. La diputada Agustina Propato advirtió que los ejercicios, como el que esperan ejecutar en abril, con aliados históricos de Reino Unido debilitan la posición argentina sobre las Islas Malvinas.

En esta misma línea, la formalización del enclave de seguridad estadounidense en Suramérica también genera tensión regional. Mientras Argentina se alinea con Estados Unidos, Chile realiza maniobras con Reino Unido (“Operation Austral Endurance“), dejando a la Causa Malvinas en una posición de vulnerabilidad diplomática.

Para Washington, “Daga Atlántica“ es una herramienta para recuperar terreno frente a la influencia económica de China en la región. Para Milei, representa la moneda de cambio para obtener apoyo financiero y comercial del Gobierno de Trump.

No obstante, el costo de este “escudo“ implica una injerencia directa, que ya es una realidad en bases navales como Ushuaia, Puerto Belgrano, Mar del Plata. Asimismo, la estandarización de procedimientos implica que la defensa argentina quedará bajo el mando o las reglas del Pentágono.

Aunque el Gobierno presenta el ejercicio como “modernización“, la sociedad muestra señales de alarma. Según la consultora Zuban Córdoba, el 71 por ciento de la ciudadanía ve con recelo esta estrategia, interpretándola como una cesión de autonomía territorial a cambio de inciertas promesas de inversión.

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